América XXI

Fuerzas sociales y familiares de víctimas enfrentan a un gobierno deslegitimado 

Fecha de publicación: 01/03/15
Foto La Constituyente Ciudadana y Popular plantea el desarrollo de una nueva Constitución y la restauración de la legalidad.

Seis meses después de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa el Gobierno no da respuestas. La política partidaria marcha a la deriva. Un frente social promueve una Constituyente. 



Nació en México la Constituyente Ciudadana y Popular, expresión política y social del deterioro de los partidos tradicionales, el descrédito de las instituciones públicas y la falta de respuestas a las violaciones a los derechos humanos y a las libertades individuales por parte del Estado. La iniciativa tiene como objetivo “la necesaria refundación del Estado nacional”, que incluye “la reconstrucción-transformación de los soportes éticos, económicos, políticos y culturales necesarios para garantizar la independencia nacional, la justicia y el bienestar social, la democracia desde el pueblo, la paz y la libertad”.

 

La convocatoria a la Constituyente, que se produjo durante la primera semana de febrero en ciudad de México, señaló que “las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas coronan los agravios e injusticias que los grupos gobernantes y las empresas transnacionales han cometido contra las mayorías nacionales en los últimos 35 años, tiempo en que se agravaron el despojo y la ocupación neocolonial de nuestro país. Tales ‘Crímenes de Estado’ y de ‘Lesa Humanidad’ expresan a plenitud el sentido profundo de las llamadas ‘reformas estructurales’ y de los tratados de ‘libre comercio’ bajo las órdenes de los gobiernos de los Estados Unidos”.

 

La iniciativa encabezada por el Obispo de Saltillo (Coahuila) Raúl Vera López, el sacerdote Alejandro Solalinde, el poeta Javier Sicilia y el artista Francisco Toledo, y acompañada por varias organizaciones sociales y políticas, buscará “generar las condiciones para el desarrollo de un Proceso Constituyente que elabore una propuesta de nueva Constitución y restaure la legalidad”.

 

El documento plantea que “como construcción social desde la base, este proceso marchará de la mano de las iniciativas de lucha social y civil pacífica, por dar paso a un proceso de Refundación Nacional y hacer realidad el clamor de que se vayan todos los responsables de la tragedia nacional; de llevarlos ante la justicia por su responsabilidad en la desaparición forzada de los estudiantes en Iguala y por la violencia que, de forma directa, ha cobrado la vida de más de 150 mil personas y la desaparición de 30 mil en los últimos ocho años, sin contar feminicidios y sus crímenes económicos y sociales en contra de los derechos de los pueblos”.

 

Esta convocatoria, como señalan los organizadores, “recoge las propuestas que desde diversas resistencias cívico electorales, sociales, civiles e insurgentes se han elaborado en las últimas tres décadas”. Desde marzo de 2014 se han realizado encuentros en casi todos los 32 Estados de México, que incluyen “talleres de diagnóstico y socialización del proyecto” y más de 100 reuniones con promotores de la iniciativa. El trabajo de este último año abarcó contactos con organizaciones de migrantes de origen mexicano en Estados Unidos y la difusión de la propuesta en América Latina y en varios países de la Unión Europea. Para el 21 de marzo está previsto un encuentro nacional y para el 2 de mayo la primera Asamblea Nacional.

 

 

Sin casos cerrados

 

Otra iniciativa por fuera de las instituciones que cobró vida recientemente es el proyecto denominado Ciencia Forense Ciudadana, un banco genético sin intervención gubernamental. Esta organización, que nació de las necesidades de familiares de víctimas de la violencia, está integrada entre otros por los investigadores Ernesto Schwartz y Arely Cruz, y logró financiación de 386 mil dólares de la Universidad de Durham de Reino Unido. Durante la presentación oficial de este grupo, el 19 de febrero, se hizo público el caso de la joven Brenda Damaris González, el primer cuerpo que se ha logrado identificar.

 

La identificación de cadáveres es una de las grandes irregularidades que muestran las instituciones mexicanas. Se estima que cerca de cuatro mil cuerpos no han sido identificados, la mayoría de ellos hallados en fosas comunes. México no tenía hasta los hechos de Ayotzinapa un cuerpo de antropología forense y lo poco que ofreció el Estado en esta materia fue rechazado por los familiares de las víctimas.

 

El contraste fue notorio cuando a comienzos de febrero la Procuraduría General de la República declaró cerrado el caso de la desaparición forzada de los 43. A partir de los testimonios y “confesiones” de casi un centenar de detenidos el Estado consideró que estaba esclarecido el caso. Las autoridades tomaron como ciertas las afirmaciones de algunos narcotraficantes detenidos que dijeron haberlos asesinado y haber quemado sus restos en el basurero público del municipio cercano de Cocula, en el mismo estado de Guerrero. Para los familiares de las víctimas, los 43 siguen vivos o, en el peor de los casos, no son los que indica la investigación.

 

Un informe de esos días del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) desacreditó las conclusiones de la Procuraduría. Los técnicos que trabajan en el lugar a pedido de los familiares de las víctimas señalaron que “aún no hay evidencia científica para establecer que, en el basurero de Cocula, existan restos humanos que correspondan” a los estudiantes. La Procuraduría acusó al Eaaf de “pretender sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas”.

 

La aparición el 5 de enero de 60 cadáveres no identificados en un crematorio de Acapulco (Guerrero) sumó indignación a la idea de que el Estado pierde el rastro de los ciudadanos y no completa la tarea de búsqueda, hallazgo e identificación.

 

 

Crímenes impunes

 

Un informe del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada difundido a mediados de febrero concluyó que “las desapariciones son generalizadas en gran parte del territorio de México” y que muchas de ellas “podrían calificarse como desapariciones forzadas”. El documento, que denunció que “la mayoría de ellas queda impunes”, no mostró nada nuevo a lo que organizaciones sociales y familiares de las víctimas denuncian desde hace años, pero irritó de manera particular al Gobierno.

 

El trabajo es la conclusión de una evaluación que se realizó a comienzos de mes en buena parte del país. Los relatores de la ONU advirtieron que el caso de los jóvenes de Ayotzinapa fue particularmente mencionado por los entrevistados “como un hecho emblemático” de la sociedad. “El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que enfrenta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, afirmó.

 

Uno de los miembros del Comité relator sobre el caso de México, Rainer Huhle, especificó que “las cifras hablan por sí mismas si tenemos en cuenta que hablamos de miles de casos de desapariciones forzadas y sólo seis personas han sido condenadas”.

 

El Comité emplazó al Estado mexicano a implementar un registro nacional sobre desapariciones forzadas para “conocer la verdadera magnitud de este flagelo” y para “la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”. También pidió “redoblar los esfuerzos para prevenir e investigar las desapariciones de emigrantes centroamericanos que cruzan su territorio”. Por último, cuestionó los procedimientos para la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos, que “no siempre se inicia de forma inmediata”. Advirtió que “sorprende la falta de unidades científicas y forenses para buscar a los desaparecidos”.

 

En este camino México marcha hacia las elecciones legislativas federales del próximo 7 de junio, en las que se va a renovar por completo la Cámara de Diputados. Los hechos muestran que será una nueva elección marcada por la violencia y una fuerte represión estatal a las movilizaciones sociales. En los primeros días de febrero fueron asesinados Gustavo Salgado Delgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR) en el Estado de Morelos, y tres dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el sur de México: el precandidato a diputado federal Carlos Martínez Villavicencio; el portavoz del PRD, Fidel López; y el conductor del vehículo en que se desplazaban, también militante del PRD, Bernardo Bautista. Frente a esta realidad algunos sectores políticos y sociales piden la suspensión de los comicios, otros promueven la abstención o anulación del voto y un tercer grupo propone crear un frente partidario que se inserte en el proceso electoral federal y logre llevar dirigentes a la Legislatura federal. Se trata de uno de los tantos debates urgentes en un país que, una vez más, intenta ponerse de pie.