América XXI

Arranca una catarata de elecciones en Argentina

Fecha de publicación: 01/03/15
Foto Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa en disputa abierta por el poder. Más allá de los nombres, los tres candidatos de la derecha no tienen diferencias esenciales.

Comicios provinciales y nacionales ocupan todo el espacio político. Masiva marcha por el caso Nisman y denuncia presidencial de una operación golpista del Poder Judicial. Scioli, Macri y Massa van por la presidencia con un programa liberal.



Comenzó a recorrerse el camino del extenso calendario electoral argentino, que culminará con las elecciones presidenciales del 25 de octubre y la probable segunda vuelta el 24 de noviembre. El nuevo método de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) multiplica la cantidad de comicios.

 

El inicio de la carrera, el 22 de febrero, no tuvo sorpresas en la ciudad de Mendoza, donde la Unión Cívica Radical (UCR) obtuvo la mayoría de los votos en las primarias y se espera que el actual alcalde Rodolfo Suárez sea ratificado en el cargo en las generales del 3 de mayo.

 

A nivel provincial, el cronograma de las Paso se iniciará en abril: el 12 en Salta, el 19 en Santa Fe y Mendoza y el 26 en la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día Neuquén será la primera provincia en elegir su gobernador. Le seguirán, tras las Paso, Salta (17 de mayo), Santa Fe (14 de junio), Mendoza (21 de junio), Ciudad de Buenos Aires (5 de julio) y Chaco (20 de septiembre). También Córdoba y otras provincias celebrarán elecciones antes de octubre, pero las fechas no se habían fijado al cierre de esta edición.

 

Con este esquema, ciudadanos de varios distritos podrían sufragar hasta seis veces en siete meses, si se suman las elecciones primarias, las generales y las eventuales segundas vueltas de los comicios provinciales y los nacionales.

 

Coyuntura nacional

 

En tanto, la disputa por el poder y el enfrentamiento entre el Gobierno y los distintos grupos opositores, detonada en enero, continuó agravándose en febrero. Luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman, otro fiscal –Gerardo Pollicita– ratificó la imputación judicial a la presidente Cristina Fernández, aunque después la desestimó un juez; la Cámara Federal confirmó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, que iría a juicio oral este año, y fue detenido Alejandro Vandenbroele, señalado como supuesto testaferro de Boudou. Las causas judiciales contra funcionarios del Gobierno incluyen llamados a indagatoria para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, una imputación al canciller Héctor Timerman en la misma causa que Fernández y varias investigaciones que ahora, en el último año de mandato, avanzan contra actuales y ex funcionarios públicos e incluyen al hijo de la Presidente. En este último caso, la investigación es por irregularidades y eventual lavado de dinero a través de los hoteles que la familia Kirchner adquirió en los últimos años en El Calafate, provincia de Santa Cruz.

 

Fuera de los tribunales judiciales, una manifestación convocada por fiscales nacionales y acompañada por el conjunto opositor movilizó a una multitud el 18 de febrero. Varias decenas de miles de personas –o centenares de miles, según fuentes ligadas a los organizadores– marcharon desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo, sede del Gobierno. Lo hicieron mayoritariamente en silencio, en acompañamiento a la familia de Nisman, aunque cada sector expondría luego sus demandas respaldándolas en la inusual marcha.

 

A juzgar por el número de asistentes, la aparente contradicción que suponía ver a los fiscales encabezar un reclamo implícito de justicia, la responsabilidad de algunos de ellos en el estancamiento y desvío de la causa que investiga el atentado a la Amia y otros antecedentes dignos de repudio –resaltados desde el Gobierno y medios afines– no lograron mellar la fuerza de la manifestación. Reunida tanto por la conmoción como por el rechazo al oficialismo, y pese a no tener consignas claras ni orientación política evidente, la multitud que tomó las calles alcanzó un número largamente mayor al que podrían convocar hoy las fuerzas políticas de todo signo y color.

 

Al igual que había sucedido en la última gran manifestación contra el Gobierno el 18 de abril de 2013, de mayor convocatoria que la de febrero último, los dirigentes opositores sólo ocuparon un papel secundario y subordinado por carecer tanto de capacidad de convocatoria como de organizaciones de masas que los respalden. Lejos quedaron también los actos multitudinarios impulsados desde el Gobierno, que en los últimos tiempos se limitaron a pequeñas concentraciones en el interior de la Casa Rosada para respaldar discursos públicos de Cristina Fernández. Ante esta situación, se especulaba con una masiva concurrencia a la Plaza del Congreso el 1 de marzo para acompañar la intervención de la Presidente en la habitual apertura anual de las sesiones legislativas.

 

Tres días después de la manifestación por el caso Nisman, la Presidente publicó un largo texto en su sitio web personal bajo el título: “El 18F, el bautismo de fuego del Partido Judicial”, al que definió como un “nuevo ariete contra los Gobiernos Populares, que suplanta al Partido Militar en el rol que, en el trágico pasado, asumiera respecto de Gobiernos con legalidad y legitimidad democrática”. Denunció así una supuesta operación golpista articulada “con los poderes económicos concentrados y fundamentalmente con el aparato mediático monopólico”, por lo que calificó al “Partido Judicial” de “opositor y destituyente del Gobierno”.

 

Facciones en disputa

 

En este cuadro, las distintas fracciones del capital alistan a sus candidatos para las primarias del 9 de agosto, en las que el sector dirigido por la Presidente sólo impulsará precandidatos presidenciales para competir en la interna del Partido Justicialista (PJ), que encabeza largamente el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. Si bien Scioli todavía pertenece al espacio oficialista, Frente para la Victoria (FpV), no responde directamente a la Casa Rosada y ha sido frecuentemente criticado desde el Gobierno por sus posiciones, entre ellas el no confrontar con el grupo Clarín –principal e influyente conglomerado de prensa– y el marcar distancia con Cristina Fernández en varios asuntos.

 

Las dificultades que atraviesan el PJ y el Gobierno, profundizadas tras la muerte de Nisman, ponen en una encrucijada a Scioli, que permanece en el FpV y corre riesgos de asumir, sin querer, el trasvaso de la oposición al Gobierno hacia su figura, lo que sepultaría sus chances en una eventual segunda vuelta electoral.

 

El gobernador de Buenos Aires es uno de los tres dirigentes políticos con chances de asumir la presidencia el 10 de diciembre según todas las encuestadoras. Los otros dos, Sergio Massa (Frente Renovador, ex PJ, ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández) y Mauricio Macri (PRO, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) están ostensiblemente alineados con Washington y mantienen relaciones con personajes de la talla del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, ligado al paramilitarismo de ese país y dirigente destacado de la ultraderecha hispanoamericana, encabezada por José María Aznar desde España.

 

Macri es la principal figura argentina de esa corriente internacional. Carente de una fuerza propia real a nivel nacional, impulsó las candidaturas de figuras públicas provenientes del deporte, el humor y otros ámbitos, conocidas gracias a la televisión. Para estas elecciones selló acuerdos con algunos dirigentes de la UCR y competirá con la diputada Elisa Carrió en las primarias de agosto, quien rompió el espacio que había lanzado en 2013 para aglutinar a la socialdemocracia bajo el rótulo Unen. Con esta decisión, la dirigente surgida de la UCR hirió de muerte la autoproclamada unidad del progresismo, con varios de sus miembros lanzados ahora a cerrar acuerdos de último momento para obtener lugares subordinados en las listas que arman Macri y Massa.

 

Desde la alcaldía de Tigre, Massa se apoya en su victoria en las elecciones legislativas de 2013, cuando derrotó de manera arrolladora a la lista del FpV en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral, con más del 40% del padrón nacional. Su Frente Renovador se nutre de distintos sectores del PJ y otros espacios que saltaron desde el oficialismo a la oposición ante la caída de la popularidad de la Presidente. Al igual que Macri, Massa carece de estructura nacional, por lo que entabló alianzas con distintas figuras provinciales de la UCR y otras fuerzas menores.

 

Pese a los matices que puedan tener estas tres candidaturas, todas ellas suponen un giro liberal de la política económica y una mayor proximidad con Estados Unidos y el bloque regional de la Alianza del Pacífico, opuesto por definición al Alba. La ausencia de opciones electorales de izquierda es marcada, pese al relativo crecimiento de un Frente que se opone por igual a las revoluciones cubana y bolivariana y al imperialismo estadounidense. Sin organizaciones que representen a los trabajadores y a las grandes mayorías, Argentina se encamina a una nueva elección presidencial en medio de una situación económica recesiva.