Las Farc denunciaron la captación forzosa de jóvenes por parte del ejército colombiano

Miles de niños fueron reclutados durante el conflicto armado por paramilitares, la guerrilla y el Estado. Como parte de las negociaciones de paz las Farc desvincularán a los menores entre sus filas y piden al Estado que haga lo propio.

A fines de febrero el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc) retomaron las negociaciones de paz en La Habana de acuerdo al cronograma establecido. Durante el último ciclo de conversaciones las partes informaron que avanzaron en “establecer lineamientos y reglas de funcionamiento” para el fin de las hostilidades y la dejación de armas.

 

Mientras se acercan los acuerdos sobre el complejo proceso de reparación de las víctimas, que ocupó buena parte del segundo semestre de 2014, delegados de ambas partes negocian de manera paralela medidas que permitan el desescalamiento del conflicto armado tras la decisión de las Farc de disponer el alto el fuego unilateral e indefinido el pasado 20 de diciembre.

 

Como parte de esta reducción de las acciones armadas, la insurgencia se comprometió a no incluir en sus filas a menores de 17 años. Se trata de una decisión “para que cada vez sean menos las generaciones y jóvenes involucrados en una confrontación militar”. Si bien la guerrilla ratificó que no practica el “reclutamiento forzado de jóvenes”, en contraposición con el Estado colombiano que sí “recluta jóvenes para el servicio militar” y a “menores de edad” para infiltrarlos en las filas rebeldes, el tema de los niños y adolescentes de la guerra mostró una de las aristas más crueles desde que se inició el diálogo en Cuba en noviembre de 2012.

 

El jefe de los negociadores de las Farc, Iván Márquez (alias de Luciano Marín Arango), leyó un comunicado en el que explicó que “contrario a lo que divulga la propaganda institucional y quienes buscan deslegitimarnos, bajo ninguna circunstancia hemos procedido a reclutar forzosamente ni a menores ni a ningún combatiente”. El pronunciamiento de la guerrilla se refería a las llamadas “batidas”, reclutamiento forzoso de jóvenes por parte del Estado colombiano para el servicio militar y de menores de 15 años para “infiltrarlos en la guerrilla y realizar tareas de inteligencia”.

 

El documento recordó que “el pasado mes de mayo de 2014, las Farc-EP (Ejército del Pueblo) hicieron entrega al Cicr (Comité Internacional de la Cruz Roja) de tres jóvenes, al constatar que eran menores de 15 años y que habían sido entrenados militarmente en instalaciones de la Policía Nacional, y luego infiltrados en nuestras estructuras con la finalidad de asesinar guerrilleros y realizar actos de sabotaje. De igual manera se hizo con otra menor la semana pasada en el departamento del Caquetá, entrenada en batallones del ejército en la ciudad de Bogotá, la cual también fue entregada al Cicr”.

 

La guerrilla también denunció que “entre enero de 2008 y diciembre de 2012 fueron incorporados de manera forzosa al servicio militar 466.377 jóvenes, de los cuales, entre los bachilleres, casi el 90% provenía de estratos 0, 1, 2 y 3 (los más bajos de la escala social). De esta forma, el Estado mantiene una estrategia de reclutamiento forzoso que convierte a los más pobres en la carne de cañón de una guerra que sólo beneficia al establecimiento, dejando a salvo de los peligros de la confrontación fratricida a los hijos de la oligarquía”.

 

Las Farc también se refirieron a la utilización de menores con fines propagandísticos de la lucha armada: “Los llamados ‘programas cívico militares’ han tenido como objetivo el uso abusivo de niños y adolescentes para la propaganda de guerra y el reclutamiento: ‘Policías por un día’, ‘Circo militar’ y otros, donde niños y niñas, lejos de ser apartados del conflicto, son vestidos con uniformes militares e involucrados en la confrontación de forma artera. Baste recordar el último desfile del 20 de julio en Bogotá, donde las fuerzas militares de un país inmerso en un conflicto armado de larga data, exhibieron niños uniformados a los que hicieron marchar junto a unidades militares de combate”.

 

Delito atroz

 

El jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, señaló que este compromiso de las Farc “es un paso en la dirección correcta, aunque, a juicio del Gobierno, es todavía insuficiente (para) la terminación del conflicto”. Sin embargo, el representante del Poder Ejecutivo en la mesa de La Habana no respondió a la acusación de la guerrilla sobre el reclutamiento de menores y jóvenes de sectores empobrecidos.

 

El anuncio de las Farc se realizó el 12 de febrero, día en que se conmemoró en todo el mundo la lucha contra el reclutamiento infantil. Datos oficiales (la Unidad para las Víctimas del Gobierno) y privados (varias ONG) señalan que entre 1985 y 2014 al menos 7.722 niños de ambos sexos fueron utilizados por grupos armados ilegales en Colombia. La mayoría tenía menos de 14 años al momento del reclutamiento y casi el 36% procedía de entornos familiares violentos o marginales. El 14% de los casi ocho mil niños pertenece a comunidades indígenas, que representan el 3% de la población total del país.

 

Unos días más tarde Iván Márquez anunció que las Farc desvincularán de manera inmediata a los 13 menores de 15 años enrolados en sus filas. Se defendió al afirmar que estos niños son hijos de guerrilleros o menores que buscaron protección luego de que sus padres fueran asesinados por la extrema derecha.

 

La oficina de Naciones Unidas en Colombia y Unicef (Agencia de la Onu para la infancia) señalaron que “la decisión de las Farc-EP constituye, sin duda, un importante paso a favor del desescalamiento del conflicto armado en Colombia y una señal de buena voluntad por avanzar en la firma de un acuerdo de paz (y para) asegurar la efectiva protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

 

Este delito atroz no se enmarca solamente en las acciones de las guerrillas ni en las políticas ilegales del Estado colombiano, sino que también ocupa la mano violenta de la extrema derecha. La Defensoría del Pueblo alertó que las bandas criminales (paramilitares) son el principal grupo de reclutamiento de niños y adolescentes. Entre 2013 y 2014 estas bandas tomaron para sus filas a 65 niños.

Violencia a manos de autores desconocidos Una investigación no gubernamental determinó que en 2014 fueron asesinados 55 defensores de los derechos humanos, el 80% de ellos (44 casos) a manos de autores desconocidos. El trabajo detectó agresiones a 626 personas (71% más que en 2013). Cada siete días de 2014 fue asesinado un defensor o defensora de los derechos humanos. El 60% de las víctimas fatales había denunciado amenazas y tres de ellos recibían al momento de su muerte asistencia de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o de la Policía Nacional. El informe anual de la ONG Somos Defensores (financiada por la Embajada de Noruega; el programa Misereor de la iglesia católica alemana; Unión Europea y la ONG privada Oxfam) señala que de los 55 homicidios, seis corresponden a mujeres, con la particularidad de que todas ellas fueron asesinadas en el segundo semestre del año y en territorios de explotación petrolera y minera en los departamentos de Arauca, Meta y Norte de Santander. Además de los asesinatos, las agresiones se materializaron en atentados, amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones, robos de información y uso arbitrario del sistema penal. Somos Defensores determinó que “la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos en Colombia” se vio “obstaculizada” por un crecimiento de la cantidad de amenazas del 133%. El documento advirtió que los defensores de los derechos humanos viven “un verdadero infierno” porque el modelo de protección del Estado “está al borde del fracaso”. Denunció a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que depende del Ministerio del Interior, al señalar que “son muchos los elementos que permiten establecer que los malos manejos y la red de corrupción en la UNP fueron y son un riesgo latente para mantener la protección a personas en riesgo”. El 34% de las 17 mil solicitudes de protección estatal que recibió la UNP entre enero de 2012 y junio de 2014 fueron presentadas por líderes sociales que defienden los derechos humanos, señaló Somos Defensores. Se trata de 5.872 solicitudes de las cuales menos de la mitad fueron aceptadas por dicha Unidad. Esta institución del Estado colombiano –que contrata servicios de protección privados– tiene la potestad de determinar cuándo una persona se encuentra en riesgo o cuándo queda fuera de ese grupo. Esta ONG denunció también que muchos líderes de comunidades o grupos que exigen o esperan la restitución de tierras se han quedado inexplicablemente sin esquema de protección, pese a que se trata de personas altamente vulnerables.